Por la falta de pago y el retraso en la actualización salarial, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dispuso un paro de colectivos para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para el viernes 7 de julio. La medida todavía no está firme a pesar del amago de un sector disidente por adelantar el reclamo para esta tarde. No es un conflicto paritario más ya que se trata de un entramado complejo, en el que se entremezclan subsidios estatales e inversión privada, y en el que el Gobierno juega fuerte para contener el precio del boleto.

Desde temprano se abrió una pulseada a tres bandas entre los ministerios de Transporte y Trabajo con la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la UTA. La intención de todos es desactivar la huelga de mañana y garantizar el servicio. Pero la solución parcial todavía no aparece. El Gobierno responsabiliza a los empresarios por la falta de pago mientras que los empresarios apuntan contra el Estado por el retraso y la falta de actualización de los fondos en concepto de subsidios. El sistema tendría un déficit mensual de $13.000 millones, según fuentes confiables del sector consultadas por LA NACION. En el medio están los choferes, que no solo son víctimas de la falta de pago sino que además están sometidos a una interna sindical por el control del gremio, que reúne a unos 40.000 afiliados.

En el conflicto mucho tiene que ver el ministro de Economía, Sergio Massa. Primero, porque el área de Transporte depende de Diego Giuliano, un hombre que responde a él. Pero después porque fue Massa quien le impuso a Roberto Fernández, jefe de la UTA, aceptar en enero una paritaria de 31% por seis meses para dar señales de estabilidad y control de la inflación. Después de varias amenazas de paro, Fernández logró un reajuste, pero con una polémica: obtuvo un adicional mediante una resolución del Ministerio de Trabajo objetada por las cámaras empresarias, que preparan un recurso de amparo para judicializar la medida, ya que la consideran “ilegítima”.

En la UTA aseguran que si los salarios se pagan, mañana no habrá paro. Así se lo hizo saber Fernández a Giuliano y a los empresarios. Lo que estaría dilatando la resolución del conflicto sería una cuestión burocrática del Banco Nación sobre la acreditación de los subsidios en las cuentas de las empresas. Para atajarse de una eventual escalada de la pelea, el Ministerio de Transporte apuró un comunicado en el que desliga responsabilidades. “Es importante informar a los pasajeros que el Estado nacional abonó esta semana $27mil millones a las empresas prestatarias del servicio, lo que significa $6500 millones más que el mes anterior. Se trata de un incremento suficiente para pagar los aumentos salariales de los trabajadores que deben cobrar su salario el quinto día hábil del mes”, informó el organismo, y agregó: “Asimismo, en este anticipo está contemplada la actualización de los costos no salariales, como el combustible, neumáticos, seguro y mantenimiento del sistema a valores de abril”.

Desde las cámaras empresarias, sin embargo, afirmaron que el Estado les debe aún $7000 millones y que el dinero depositado no alcanza para cubrir los costos. Y también salieron a fijar su posición. “Las cámaras de transporte automotor del AMBA informan que las escalas salariales dispuestas por el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Transporte de la Nación no están homologadas y son ilegítimas. La UTA reclama se aplique en la liquidación de salarios incrementos dispuestos por una resolución que no tiene validez jurídica, dado que impone un aumento salarial sin acuerdo del gremio y de las cámaras del sector”, expresaron los empresarios en un comunicado. Y añadieron: “Al margen de las cuestiones legales, la economía de nuestras empresas está estrictamente regulada por el estado, con ingresos totalmente trazables; se integran actualmente el 12 % con lo que paga el pasajero y el 88 % con las compensaciones tarifarias. El Ministerio de Transporte de la Nación calcula y dispone el pago los fondos de dichas compensaciones, las que con excepción de los costos salariales, están calculados a precios de diciembre de 2022″.

Para los empresarios el boleto debería estar entre los 300 y los 315 pesos. Es decir, seis veces más de lo que está actualmente. Fernández, de la UTA, piensa de manera similar. “Si no hay aporte, el boleto debería costar hoy $160, pero mañana no lo sé”, dijo en una entrevista con LA NACION en abril pasado.

Con el conflicto abierto, en el Gobierno buscan una alternativa para evitar mañana el paro de colectivos. La salida de última que se evalúa es dictar una nueva conciliación obligatoria, un atajo que Fernández no aceptaría ya que le generaría complicaciones en su interna con Miguel Ángel Bustinduy, el referente de la oposición que está ligado al grupo empresario DOTA y que adelantó la huelga para hoy mismo.