Hace 27 años, con el consenso de tres actores esenciales de nuestra economía –trabajadores, empleadores y el Estado–, se puso en marcha un sistema de riesgos del trabajo con un abordaje integral de prevención y atención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Erigido sobre un modelo asegurador, elegido por garantizar respuestas en tiempo y forma, representa la mancomunidad de metas público-privadas. Los fines y objetivos estuvieron claros desde el inicio: prevenir, atender y resolver accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por vía administrativa de manera inmediata sin tener que recurrir al camino judicial, que, antes de 1996, era la respuesta por excelencia.

Con foco en las necesidades de la persona, desde su inicio se estableció la prevención como prioridad y que la atención fuera inmediata, integral, de calidad y sin copagos ni costos extras hasta la recuperación completa o máxima posible de la persona que sufriera un accidente laboral o una enfermedad profesional. Veintisiete años después, el sistema sigue respondiendo a las necesidades de la población objeto de su cobertura, vigente y valorado, creciente en cobertura y servicios. Los índices de siniestralidad fueron disminuyendo progresivamente y a hoy podemos hablar de una baja de 76% de accidentes fatales. Más que un porcentaje, tendríamos que decir que esto representa 16.500 fallecimientos evitados o vidas preservadas.

Los índices de siniestralidad fueron disminuyendo progresivamente y hoy podemos hablar de una baja de 76% de accidentes fatales; más que un porcentaje, tendríamos que decir que esto representa 16.500 fallecimientos evitados o vidas preservadas.

El sistema se especializó y sofisticó en todos estos años, evolucionando al compás del mercado laboral y del avance de la tecnología, al punto de haberse convertido en una red de servicios de salud que cubre todo el país, con múltiples disciplinas preventivas para cada una de las ramas de actividad y de atención médica con toda la gama de especialidad requerida. Sectores y grupos aún no incluidos solicitan la cobertura. Trabajadores independientes, como autónomos y monotributistas, incluidos médicos, entre otros.

Así y todo, la litigiosidad está al acecho permanentemente. Si bien el plano preventivo y asistencial –médico y dinerario– evoluciona constantemente, el objetivo que aún hoy se muestra esquivo es disminuir la litigiosidad laboral. Es paradójico que, ante menos accidentes, atención plena y mejores indemnizaciones actualizables automáticamente, los juicios no dejen de crecer. Tras 27 años de camino recorrido, esto nos indica que la litigiosidad es un fenómeno exógeno al sistema. Aun a pesar de que la ley de riesgos de trabajo y sus modificaciones, a lo largo de este más de un cuarto de siglo, fue respaldada por una veintena de fallos por la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué ocurre para que un sistema que da respuestas y es valorado en sus servicios sea puesto en riesgo judicialmente? En 2023 estimamos que se iniciarán alrededor de 136.000 nuevas demandas, superando el pico histórico de 130.000 de 2017, año en el que se puso en marcha la última reforma, con un mecanismo de resguardo pleno del procedimiento administrativo seguro para el trabajador, con un formidable incremento de prestaciones y fruto del consenso, con el objetivo de todas las partes de acotar la litigiosidad.

Para cumplir con lo previsto en la ley 27.348, solo falta que la Justicia constituya el último eslabón de una cadena virtuosa para evitar juicios. Esto es, que se conformen los cuerpos médicos forenses. Su creación depende del Poder Judicial de cada una de las 15 provincias adheridas a la ley, y en CABA, de la Corte Suprema de Justicia nacional.

Excepto Mendoza, ninguna Corte provincial ha avanzado en ese sentido. Y los juicios vuelven a acumularse en cada una de ellas, quitándoles competitividad económica y dificultando aún más la inclusión laboral. Esa modificación prevista en la ley que no ha sido aún cumplida por la Justicia implica: 1) ordenar y profesionalizar la actividad de los peritos judiciales, con concursos; 2) transparentar su accionar mediante el pago de honorarios, desanclados del daño que los mismos peritos determinan, y 3) utilizar un baremo (tabla de medición de incapacidades) para que a igual daño haya igual reparación.

O sea, la propia Justicia ignora la ley. ¿La razón? No la encontramos. Párrafo aparte merecen los escandalosos esquemas de actualización o intereses aplicados que potencian el descalabro pericial y de lo que acontece en la Justicia. En la CABA, por citar un ejemplo, a través de sus actas la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), de un día para el otro, estableció un esquema de actualización inalcanzable e incumplible, para un stock de juicios que ponen en jaque al sistema de riesgos del trabajo y multiplica los pasivos contingentes de ART y empleadores que sufren los juicios laborales. Nada atenta más contra la generación y registración de empleo.

Al quebrar el equilibrio entre la cobertura de ley y el financiamiento, la sustentabilidad del sistema de riesgos del trabajo está seriamente amenazada, con la litigiosidad como principal protagonista. Conspira contra los beneficios y los servicios de un sistema que ha superado todo tipo de pruebas a lo largo de 27 años. Pedimos una rápida solución a estos problemas que amenazan la cobertura de más de 10 millones de trabajadores y más de un millón de empleadores.

La autora es presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART)