Sergio Massa intentó aprovechar la huelga de colectivos para modificar el imaginario que lo asocia estrechamente al capitalismo de amigos, un antecedente circunstancial con el que intentó cautivar al electorado más fiel al oficialismo. En apariencias, reacio a su candidatura presidencial, si se toma como medida el nivel de adhesión que obtendría la de Juan Grabois en ese universo. Pero su crítica al vínculo parasitario de las empresas que forzaron el paro al desconocer el acuerdo salarial de la UTA con el gobierno omitió un dato importante: la posición monopólica del Estado en esa actividad con la entrega de subsidios que el ministro de Economía precisa recortar como parte del ajuste al gasto público pactado con el FMI. La rentabilidad del transporte público depende casi por completo de ese auxilio: la tarifa cubre menos del 14 por ciento de los costos. Jorge D´Onofrio sinceró la discusión al admitir que era “por plata”. El ministro de Transporte bonaerense reunió a las cámaras afines del sector para exigirles que aíslen a los hermanos José y Ángel Faijá y Eduardo y Javier Zbikoski. Massa vinculó sus apellidos a la supuesta extorsión empresaria enmascarada en la medida de fuerza.

Los Faijá son los rostros visibles del grupo DOTA, que no niega su relación con Miguel Bustinduy, dirigente opositor al secretario general de la UTA, Roberto Fernández. La UTA había dispuesto un quite de colaboración para el 7 de julio. Bustinduy se adelantó con un paro general la tarde del 6. Fernández quedó sin otra opción que adherir a la medida que acataron de inmediato los choferes de DOTA, alineados con Bustinduy.

DOTA controla 67 líneas de un total de 377 y cuatro mil de las quince mil unidades en servicio (tiene 600 en el conurbano). La Cámara Empresaria del Transporte Urbano Buenos Aires (Cetuba) defiende los intereses de DOTA y la Asociación Argentina Empresaria del Transporte Automotor (Aaeta) los de Metropol. Cetuba y Aaeta lideraron la estrategia de rechazar la paritaria que firmaron esta semana si no se les actualizaba en 14 mil millones de pesos la depreciación por la inflación de los 52 mil millones que reciben al mes.

La novedad fue que por primera vez se hayan plegado la Cámara Empresaria de Transporte de pasajeros (CEAP), la Cámara del Transporte bonaerense (Ctpcba), y la Cámara de Empresas Unidas del Transporte Urbano bonaerense (Ceutupba). La crisis es delicada. No solo porque interrumpió la fidelidad a Massa a través de D’ Onofrio. También porque las tres adherirían a la Asociación del Transporte de la Provincia de Buenos Aires, con oficinas en el piso 10 de Lima 1111. El mismo lugar donde funciona la escuela de conductores de la UTA (Acattap).

Desde allí se accedería a D ́ Onofrio para prorrogar el funcionamiento de unidades que deberían salir de servicio. También se beneficiaría con subsidios a empresas que operan fuera del AMBA, como ocurriría con la línea 350 de Ruta Bus. Se habilitarían, incluso, nuevos recorridos y “todo aquellos que el ministro no puede explicar.” Es decir, una réplica del aparente negocio oscuro que funcionaría alrededor de la Aduana.

Probablemente sea una patraña para enturbiar el rol de D ́ Onofrio en el conflicto que opacó el de Diego Giuliano, ministro de Transporte de la nación. Massa añadió confusión a este escenario al citar a los Faija y los Zbikoski pero sin mencionar a Héctor Prieto. Los Zbikoski habrían mantenido contacto con el titular de Economía cuando fueron acusados de ser testaferros de Prieto. Los dos grupos aparecieron involucrados en la compra del Expreso Lomas, cuya quiebra fraudulenta investiga la Justicia.

Prieto compite con DOTA por la fabricación de carrocerías. Un negocio al que aludió con vaguedad Massa y asistido indirectamente por los subsidios que, entre otros ítems, se calculan sobre la base de renovación de unidades. Prieto produce con Colcar carrocerías más caras que las de DOTA con Agrale. La diferencia es que Colcar garantizaría un andar aceitado con la UTA. En el mercado se le atribuye a Prieto una afinidad excepcional con el titular del sindicato: Fernández.

La paritaria que suscribieron todas las cámaras en el Ministerio de Trabajo no diluye el conflicto por la actualización de costos. Igual que los suscitados por Massa en Unión por la Patria. Pero que se habrían evitado si Axel Kicillof aceptaba ser candidato a presidente. El malestar de Cristina y Máximo con el gobernador no está superado. Tampoco entre los intendentes, que tenían medido a Wado De Pedro como mejor candidato que Massa en las PASO.

Es posible que Cristina sepa del estudio actualizado mensualmente por uno de los partidos que integran la alianza Juntos. Allí, solo el inquietante nivel de indecisos (25%) podría derrotar a Patricia Bullrich (24%), seguida de cerca por Javier Milei (21%). Massa (16%) por ahora, está lejos de la segunda vuelta. La maratón que inició con la huelga para capturar votos oficialistas, ayudaría a que Horacio Rodríguez Larreta (11%) se apropie de los moderados.

Massa arremetió contra el supuesto pasado en Montoneros de Bullrich y recogió la insólita solidaridad de afiches anónimos alusivos al seudónimo de la candidata en esa organización, Carolina Serrano, junto a su escudo distintivo. Obra del genio creativo de Enrique “Pepe” Albistur, esa campaña tendría un doble propósito. Licuar el pasado de su esposa, Victoria Tolosa Paz, como fiel escudera de Alberto Fernández, y congraciarse con Massa tras la designación de Wado De Pedro como su jefe de campaña.

El ministro del Interior mantiene una relación estrecha con Andrés Bidart, el otro yo de Carlos Grosso en la agencia Sentidos, ganadora de la licitación con la que YPF tercerizó su publicidad. Sentidos compite por las campañas en la vía pública con Wall Street, de Albistur. Una instancia crucial para el proselitismo de campaña. Curioso: Grosso firmó como intendente de la ciudad la licitación que ganó Albistur para publicitar en pantallas municipales.

La incertidumbre en Unión por la Patria habría urgido a Julio Alak a exigir celeridad al Tribunal Oral Criminal N°2 de La Plata para sobreseer a Mario Secco en la causa donde se lo acusaba de resistencia a la autoridad y cohecho. El intendente de Ensenada lideró la patota que en 2017 irrumpió en la Legislatura bonaerense con la intención de suspender la sesión donde se derogó el régimen de privilegio para los jubilados del Bapro. El Tribunal fundamentó su decisión en que la causa había prescripto.

Claudio Bernard redactó el voto que firmó con Carmen Palacios Arias y Ezequiel Medrano. Pero en que habría intervenido Alak en forma decisiva. El ministro de Justicia habría actuado por instrucción de Cristina y para que ese fallo compense a Secco por no tener delegados en las listas de candidatos. La velocidad exigida hizo omitir un paso imprescindible. La convocatoria al juicio oral y público que el TOC N° 2 demoró desde el 2019.

Bernard arguyó que Secco debía ser sobreseído porque concurrió a la Legislatura en condición de ciudadano y no de funcionario. El intendente declaró lo contrario cuando declaró en la causa. La omisión de su testimonio no es inocente. Los delitos cometidos por funcionarios públicos son imprescriptibles. Para sobreseerlo, el tribunal apeló a la prescripción de la causa. Contra lo que indicaría el prejuicio, el oficialismo viajaría hacia el futuro con una clara percepción del imaginario colectivo.