En un clima empañado por la campaña electoral, el oficialismo rechazó hoy en la Cámara de Diputados la intención de Juntos por el Cambio de derogar la ley de alquileres. El Frente de Todos tampoco suscribió la convocatoria a una sesión especial, formulada por la mayoría de los bloques opositores, para debatir este asunto en sesión el 23 de agosto próximo, después de las elecciones primarias.

La oposición se llevó del recinto la postal que buscaba: dejar mal parado al oficialismo en plena campaña frente a un problema por demás sensible como es el de los alquileres, cuyos valores se dispararon más allá del índice de inflación por la falta de oferta de inmuebles.

El primer paso en la jugada opositora la dio Hernán Lombardi, de Pro, cuando reclamó la derogación inmediata de la norma, que ya lleva tres años de vigencia. “Los valores han subido un 600% -enfatizó el legislador-. Los inquilinos están sufrientes porque se retiró la oferta. Es una ley que no funcionó, admitimos que contó con la anuencia de nuestro bloque, pero es una catástrofe.”

El oficialismo, junto a los bloques de izquierda, rechazaron con sus votos la arremetida de Juntos por el Cambio, pero la principal bancada opositora no dio el brazo a torcer. Cuando los oficialistas pretendieron dar vuelta la página y continuar con la sesión, el diputado Mario Negri, jefe del bloque radical, y la diputada Silvia Lospennato (Pro), le reclamaron al oficialismo que firme la convocatoria a una sesión especial para el 23 de agosto para abordar el problema de los alquileres.

“El oficialismo dice que quiere tratar la ley de alquileres, pero cuando nosotros les decimos ‘pongan fecha’, se niegan. Por eso proponemos que todos los jefes de bloque firmen una convocatoria a sesión especial para el 23 de agosto. Entonces va a quedar claro qué bloque quiere tratar la ley de alquileres y qué bloque no”, arremetió Lospennato, quien propuso que a las 18 horas se dé a conocer quiénes firmaron la convocatoria.

Dos horas después de la hora fijada, Negri reveló que un total de once jefes de bloque suscribieron el pedido de sesión especial, salvo el oficialismo y la izquierda. Los firmantes son: Cristian Ritondo, de Pro; Juan López, Coalición Cívica; Carla Carrizo, Evolución Radical; Carlos Gutiérrez, Córdoba Federal; Luis Di Giacomo, Provincias Unidas; Javier Milei, La Libertad Avanza; Carlos Zapata, Ahora Patria; Paula Omodeo, CREO; Margarita Stolbizer, Encuentro Federal; José Luis Espert, Avanza Libertad; Marcelo Orrego, Producción y Trabajo; Alejandro Rodríguez, Interbloque Federal.

13 bloques de la oposición firmamos un pedido de sesión especial para el 23 de agosto a fin de tratar todos los proyectos que modifican y/o derogan la Ley de Alquileres. Invitamos al oficialismo pero no quiso sumarse. Millones de inquilinos y propietarios esperan una nueva ley. pic.twitter.com/jdQaR1ISfa

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) July 5, 2023

Desde el oficialismo, el jefe de la bancada Germán Martínez anticipó su voto en rechazo. En el mismo sentido se pronunciaron los bloques de izquierda. “Un tema de esta sensibilidad no puede abordarse de modo electoral -enfatizó-. Somos conscientes de las necesidades, pero no vamos a dejar a los inquilinos frente a una negociación bilateral absolutamente asimétrica”, enfatizó Martínez.

En la misma línea, la diputada de izquierda Myriam Bregman cuestionó la jugada de Juntos por el Cambio. “Lo que se pretende es dejarle las manos libres al mercado inmobiliario”, asestó.

Desde el Interbloque Federal, Graciela Camaño fue al grano. “Esto es un gran cinismo -asestó-. Digamos la verdad, hoy hay dos dictámenes, en uno se piensa resolver el problema de una manera, en el segundo, de otra manera. Todo en el contexto de una norma mal dictada y también en un contexto económico. Nadie tiene la fórmula mágica para la resolución de los alquileres. Si en serio se quiere debatir sobre este tema, seamos democráticos traigamos los dictámenes, se vota y el que gana, gana”.

La Cámara de Diputados adeuda desde hace más de un año el debate sobre la reforma de la ley de alquileres, una norma que rige desde hace tres años y que, si bien se ideó para beneficiar a inquilinos -principalmente- y a propietarios, terminó perjudicando a ambos. De hecho, a fines de 2021, Sergio Massa -que en ese momento era presidente de la Cámara de Diputados-, admitió el fracaso de la ley: sugirió la suspensión por 90 días y hasta pidió su derogación. Sin embargo, su propia tropa en la Cámara de Diputados hizo oídos sordos.

En números, desde el inicio de la ley los precios de los alquileres se dispararon. De acuerdo a un informe del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el valor de mercado de los alquileres publicados aumentó entre 522% y 580% en tres años en las principales ciudades del país por la falta de oferta de inmuebles.

Pese a la desesperación de los millones de inquilinos en todo el país, oficialismo y oposición dilatan la resolución del problema. Hace poco más de un año, un plenario de comisiones alumbró dos dictámenes; el oficialismo se alzó con el de mayoría, el cual mantiene en líneas generales la ley actual: establece que la validez de los contratos sea de tres años y que la actualización de los valores sea anual con el tope que fija el Índice de Contratos de Locación (ICL), una fórmula que elabora el Banco Central que contempla en partes iguales la variación de la inflación y los salarios. Asimismo, incorpora una serie de incentivos fiscales para propiciar un aumento en la oferta de viviendas en alquiler.

En la oposición las posturas están divididas entre quienes propician la derogación de la ley actual y quienes impulsan una reforma, la cual propone retrotraer a dos años el plazo de los contratos y que la actualización de los valores de los alquileres se realice entre las partes cada seis meses.

El temario de la sesión

La Cámara de Diputados sesiona después de más de un mes de inactividad en el recinto con un temario por demás amplio. En primer término dio media sanción al proyecto de ley para la regulación del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico para que los trabajadores sean considerados profesionales autónomos. El proyecto, consensuado a partir de propuestas de Soledad Carrizo (UCR), de Virginia Cornejo (Pro) y Daniel Gollan (FdT), fue aprobado por todos los bloques, salvo el de los libertarios de Javier Milei.

Posteriormente, la Cámara baja dio media sanción al proyecto sobre violencia de género digital, otra iniciativa consensuada entre el oficialismo y la oposición. También conocido como “Ley Olimpia”, el proyecto propone incorporar a nuestra ley una tipificación de la violencia digital como una forma de violencia por motivos de género, lo que permitirá incluirla en las políticas públicas.

Los legisladores también abordaron el problema sobre los deudores con los créditos UVA. Cerca de la medianoche, obtuvo media sanción el proyecto para atender la situación de los deudores de los créditos hipotecarios UVA. Se trata de un universo de alrededor de 106.000 tenedores que accedieron a este crédito, el cual se ajusta de acuerdo a esa tasa llamada Unidad de Valor Adquisitivo; en virtud de la inflación, los valores de las cuotas ya superaron su capacidad de pago, por los que los tenedores piden la asistencia del Estado.

Ante esta situación, el oficialismo y un sector de la UCR acordaron un “Régimen de Protección de Deudores de Préstamos Hipotecarios UVA y UVI”, el cual revalúa los criterios de adecuación de las cuotas, garantizando que los montos a pagar por el deudor hipotecario tomen como referencia a el índice mensual que dé más bajo entre el coeficiente de variación salarial basado en la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) y el IPC, que mide la inflación promedio.

Además, se establece que la cuota a pagar no podrá exceder el 30% de los ingresos acreditados por los deudores. En tanto, para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1 de enero de 2023. A su vez, se establece que aquellos deudores que estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos.

El interbloque Juntos por el Cambio exhibió sus diferencias a partir de un dictamen de minoría encabezado por el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz, que a su vez fue suscripto por sus pares del Pro y la CC-ARI, pero también con disidencias parciales.