CÓRDOBA.- Horas después de la charla que ayer tuvo con los padres de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado en Laboulaye por su mejor amigo y compañero de escuela, el juez Penal Juvenil Sebastián Moro tomó contacto con el adolescente de 13 años que confesó el domingo que había matado a Joaquín. Hoy, la familia de la víctima se constituyó como querellante en la causa.

El chico está alojado “para su resguardo” en el Centro de Admisión y Diagnostico (CAD), que depende del Complejo Esperanza, en la ciudad de Córdoba. Un comunicado de la Justicia indica que el encuentro se desarrolló por videoconferencia.

También participó la defensora pública Mariana Ferreyra, quien explicó al adolescente sus derechos y le indicó que será su “representante complementaria” en el proceso penal juvenil. En la reunión, el tribunal “también constató en qué situación se encontraba el niño y el nivel de avance de los estudios que están llevando a cabo en el CAD”.

La autopsia reveló que la víctima fue atacada por atrás y que no tuvo tiempo de defenderse. Murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo, luego de recibir más de diez golpes en la cabeza. Un hierro y ladrillos de hormigón fueron secuestrados en el lugar, ya que se estima que fueron usados para golpear a Joaquín.

“L”, antes de confesar el crimen, mintió a la policía cuando le preguntaron como testigo; mencionó que su amigo estaba cansado de lo “estricto” que eran en su casa, que se quería ir. Todo empezó a desarmarse cuando el papá de Joaquín visualizó imágenes de cámaras de seguridad y observó cuando a ese adolescente se le cayó un celular e identificó el teléfono como el que portaba su hijo en el momento de la desaparición; esa situación quedó grabada en el momento que el ahora sospechoso regresaba solo a la escuela. Minutos antes había salido con su compañero.

El menor, por su edad, es inimputable y su institucionalización no es una alternativa porque, dicen los expertos, sería aplicar una privación de libertad lo que no está previsto por la ley. Lo primero es terminar con los peritajes y estudios psicológicos, familiares y ambientales que se deben ordenar para, después, determinar la manera en que el Estado debe darle “protección integral y multidisciplinaria”.

El juzgado confirmó, además, que en los próximos días la directora de Asistencia a la Víctima del Delito, Alicia Salusso, y la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Georgina Tavella, se trasladarán a Laboulaye para “trazar un plan de trabajo” con la familia de la víctima.

La madre de Joaquín planteó que su hijo había sufrido bullying en la escuela Malvinas Argentinas, a la que asistía, al igual que el adolescente que confesó el crimen. La dirección de la institución educativa rechazó esa posibilidad, pero el Ministerio de Educación de Córdoba aseguró que se inició una investigación para saber si existió ese acoso.

“El Ministerio instruye una investigación administrativa que permitirá dilucidar los desempeños del equipo directivo y docente en la atención de situaciones que hayan involucrado dificultades en la convivencia”, comunicó la cartera cordobesa de Educación.

Como los involucrados son menores de 18 años, el resultado de la investigación no será público, pero quedará a disposición de la Justicia de Córdoba que lleva adelante la causa de homicidio.

La madre de la víctima también comentó en los últimos días que la fiscalía maneja como posible móvil del crimen el hecho que el adolescente de 13 años estaba enamorado de Joaquín.

Por su parte, el abogado Raúl Frencia, que representa a los padres de la víctima, describió la hipótesis sobre un asesinato planificado. “Lo que sí tenemos en claro es que este chico lo indujo a Joaquín a ir a un lugar donde encontró la muerte. No puede ser un impulso, porque hay un plan sistemático para llegar a ese lugar, porque salen del colegio, cuando ni habían entrado en clase, se van juntos, dan la vuelta a la manzana, y entran en esa casa abandonada”, donde fue hallado el cadáver de Joaquín el domingo último.