El Senado podría “jubilar” a la juez Ana María Figueroa, cercana al kirchnerismo e integrante de la sala de la Cámara de Casación Penal que debe definir si reabre o no el caso Hotesur y Los Sauces, que involucra a Cristina Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia. El oficialismo enfrenta dificultades para sesionar en la Cámara alta y aprobarle a Figueroa la prórroga por cinco años de su magistratura antes del próximo 9 de agosto, cuando la jueza cumplirá 75 años y deberá pasar a retiro si no consigue un nuevo acuerdo, tal como lo establece la Constitución Nacional.

Así lo reconoció el jefe de la bancada del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), que en diálogo con este diario admitió que el bloqueo impuesto por Juntos por el Cambio, que se opone a que un gobierno en el tramo final de su mandato siga nombrando jueces, y las dificultades para conseguir el apoyo de otros bloques menores impide el funcionamiento del Senado.

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“No creo que haya sesión hasta después de las PASO” del 13 de agosto, le dijo a LA NACION el jefe del bloque del Frente de Todos. En este escenario, el dictamen de la Comisión de Acuerdos que le da luz verde a Figueroa para seguir como jueza no llegaría a tratarse antes de la fecha en la que la magistrada cumplirá 75 años.

Presidenta de la Cámara de Casación Penal y de claro alineamiento con el kirchnerismo, Figueroa tiene que decidir en varias causas sensibles para Cristina Kirchner. La más importante es la denominada Hotesur-Los Sauces, en la que no sólo está involucrada la vicepresidenta, sino también sus hijos, Máximo y Florencia.

En ese expediente, la Sala I del tribunal, que integra Figueroa, debe decidir si confirma el fallo de primera instancia que dictaminó el sobreseimiento de la causa sin juicio o si, por el contrario, el caso debe continuar y ventilarse en un juicio oral y público. Los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone ya se expidieron. Pero Figueroa demora su opinión.

Más aún, frente a los senadores de la Comisión de Acuerdos, ante los que se presentó para defender su pliego el 31 de mayo pasado, Figueroa negó que los plazos procesales hayan vencido y aseguró que seguía discutiendo el caso con sus colegas.

En esa reunión, la oposición de Juntos por el Cambio deslizó sus sospechas de que la decisión del gobierno de Alberto Fernández de pedir que el Senado extienda por cinco años la continuidad de la jueza en su cargo se tomó como pago de un eventual voto favorable de Figueroa a favor de la vicepresidenta.

La mayoría oficialista de la Comisión de Acuerdos firmó el dictamen pocos días después de la audiencia pública y dejó a la magistrada un paso más cerca de sortear la valla constitucional de la jubilación obligatoria.

Sin embargo, el Frente de Todos viene transitando un camino lleno de obstáculos que le impiden reunir el quorum para abrir el recinto del Senado y aprobar la prórroga de la magistratura de Figueroa.

A la cerrada oposición de Juntos por el Cambio a tratar pliegos judiciales, ratificada a Mayans la semana pasada por el jefe del interbloque opositor, Alfredo Cornejo (Mendoza), se le sumó el calendario electoral, que aleja a los senadores de la Cámara alta, preocupados por la dinámica política de sus distritos.

El panorama se complicó aún más por las dificultades que encuentra el oficialismo para conseguir el apoyo de otros bloques para sesionar con un tema, como el de los pliegos judiciales, polémico y poco atractivo, mucho más en pleno año electoral.

El principal escollo son los peronistas disidentes de Unidad Federal. Se trata del conglomerado conformado por la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti; y cuatro senadores que rompieron con el Frente de Todos en febrero: Guillermo Snopek (Jujuy), Edgardo Kueider (Entre Ríos), María Eugenia Catalfamo (San Luis) y Carlos Espínola (Corrientes).

Al frente de un bloque de 31 miembros, Mayans necesita el voto de al menos tres de esos senadores para, sumados a otros tres de fuerzas provinciales que siempre se alinean con el kirchnerismo, alcanzar el número mágico de 37 presentes que le permita iniciar una sesión y aprobar el pliego de Figueroa.

Pero el camino se le hace cuesta arriba al oficialismo. En Juntos por el Cambio dan por descontado que tanto Vigo como Espínola no se prestarían a apoyar al oficialismo en estas circunstancias. Y consideran que Catalfamo no tendría problemas en apoyar y creen que otro tanto hará Snopek, sobre todo después de que el jujeño se alineó con Sergio Massa para encabezar la lista de precandidatos a diputados nacionales de su provincia.

Sin embargo, el entrerriano Kueider se mantiene firme en su negativa a sesionar si el Frente de Todos no acepta discutir algunos de los proyectos que impulsa para abaratar el costo de la energía, una temática que el Gobierno no está dispuesto a aceptar.

A esto se sumó, la semana pasada, un confuso episodio que generó un cortocircuito entre el Frente de Todos y Snopek. El senador, un acérrimo opositor del gobernador Gerardo Morales, presentó un proyecto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy luego de las protestas por la reforma constitucional en esa provincia. Pero la oficialista Juliana Di Tullio (Buenos Aires), que aparece como cofirmante, salió a desmentir en la agencia oficial Télam su apoyo a la iniciativa.

¿Qué pasó? Según pudo saber LA NACION, el texto fue redactado el año pasado, pero quedó congelado. Ahora, tras los incidentes registrados en la provincia norteña, Snopek lo presentó en Mesa de Entradas, pero sin consultarle a la senadora si quería mantener su firma.

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En este escenario, la suerte de la prórroga de la magistratura de Figueroa parece complicarse cada día más. De hecho, en los tribunales de Comodoro Py muchos dan por jubilada a la jueza ante las dificultades que enfrenta su pliego para que la Cámara alta lo apruebe antes de su próximo cumpleaños.

En este sentido, en un despacho opositor del Senado recordaron que en el decreto 326/2023 del Poder Ejecutivo, en el que se acepta la renuncia del juez Eduardo Riggi, se destaca que la medida se toma “en virtud del cese en el ejercicio de sus funciones producido el día 16 de febrero de 2023, de conformidad con los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional”, es decir el día que cumplió 75 años. Con ese antecedente, a Figueroa le queda poco más de un mes para obtener el acuerdo del Senado.